La regulación económica ha resultado ser el método más efectivo de intervención aplicada a los servicios públicos principalmente por parte de los reguladores, en aquellos mercados controlados por uno o por pocos operadores, permitiendo con ello el desarrollo armónico de agentes privados y los usuarios de los servicios.

La liberalización de los mercados controlados por el sector público y en el ingreso de los agentes privados en la prestación de servicios públicos, ya sea por la privatización de las empresas estatales encargadas de la prestación de estos servicios o por la eliminación de los monopolios naturales al introducir competencia en ciertos segmentos, ha acentuado la aplicación de la regulación económica, ya sea a través de la fijación de los precios o marcos de referencia tarifaria en los servicios más vulnerables y de la generación de reglamentaciones específicas para garantizar una libre competencia efectiva.